La Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) emitió un fallo unánime que cambia significativamente las reglas del juego para los poseedores de armas que consumen sustancias controladas, específicamente marihuana.
El máximo tribunal dictaminó que el gobierno federal no puede prohibir de manera automática el derecho a portar armas a una persona por el solo hecho de ser un consumidor regular de drogas, a menos que se demuestre de forma individualizada que representa un peligro real para la sociedad.
La decisión representa una modificación clave en la aplicación de las leyes de control de armas y expone la creciente contradicción entre las normativas estatales y federales sobre el cannabis.
El caso que cambió la regla: Ali Hemani vs. el Gobierno Federal
El origen de este fallo histórico se encuentra en Texas, donde Ali Danial Hemani fue investigado en 2022 en un operativo federal bajo sospechas iniciales que incluían terrorismo.
Aunque las autoridades nunca le imputaron cargos por terrorismo, narcotráfico ni delitos violentos, Hemani admitió que consumía marihuana cada dos días y que tenía un arma en su casa.
Bajo la sección 922(g)(3) del código federal -una ley vigente desde 1968-, el gobierno lo acusó de un delito que conllevaba hasta 15 años de prisión y la pérdida permanente de sus derechos bajo la Segunda Enmienda.
Hemani y su defensa legal apelaron el caso argumentando que la norma violaba sus derechos constitucionales.
El argumento judicial: no todos los usuarios son "peligrosos"
El juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, encargado de redactar la opinión mayoritaria, fue contundente al señalar que el argumento del gobierno federal "fracasa bajo cualquier criterio".
Para desarmar a un ciudadano, la jurisprudencia actual exige encontrar un respaldo en la tradición histórica de regulación de armas de los Estados Unidos.
El gobierno intentó justificar la prohibición equiparándola con antiguas leyes coloniales dirigidas a "borrachos habituales".
Sin embargo, Gorsuch rechazó la analogía, aclarando que aquellas normas antiguas buscaban contener a personas temporal o permanentemente incapaces de gestionar su conducta, algo que no se demostró en el caso de Hemani.
Gorsuch también destacó la incongruencia del propio gobierno federal que, por un lado, mantiene la marihuana como ilegal a nivel federal, pero por el otro ha tolerado e impulsado su expansión legal en los estados, recordemos que cerca de la mitad de los estados permiten el uso recreativo y el medicinal está generalizado.
Lo que sí cambia y lo que no cambia
Para la comunidad residente e inmigrante en EEUU, es fundamental entender el alcance exacto de esta decisión judicial para evitar confusiones legales:
- Lo que cambia: las agencias federales, como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y los fiscales federales ya no tienen el margen para aplicar prohibiciones automáticas o genéricas de posesión de armas a personas basándose únicamente en su estatus de consumidores de cannabis.
Ahora están obligados a presentar pruebas de que ese individuo específico es peligroso.
- Lo que no cambia: el consumo recreativo de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal. El fallo de la Corte Suprema no legaliza la sustancia ni otorga inmunidad total.
- Excepciones clave: la Corte dejó explícitamente claro que los fiscales aún pueden procesar a adictos o a personas que se encuentren activamente intoxicadas al momento de portar o usar un arma de fuego.
Una alianza inusual y el contexto político
Este caso generó un frente común pocas veces visto en la política estadounidense.
Organizaciones tradicionalmente opuestas como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asión Nacional del Rifle (NRA) y grupos de legalización del cannabis como NORML respaldaron a Hemani, coincidiendo en que el gobierno no puede criminalizar ni desarmar masivamente a la población bajo suposiciones categóricas.
Por otro lado, la administración del presidente Donald Trump defendió la ley restrictiva de 1968, mientras que grupos de control de armas como Everytown manifestaron su preocupación advirtiendo que la combinación de drogas y armas sigue representando un riesgo para la seguridad pública.
Cabe recordar que esta misma restricción federal fue utilizada en el mediático caso penal contra Hunter Biden en Delaware, quien posteriormente fue indultado por su padre Joe Biden.
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